. Desde Nueva York .

Antes de que los mineros fueran rescatados, multitud de banderas adornaban la plaza. Era inminente que la fase final de la operación de rescate estaba por empezar. Cuando el primero de los mineros llegó a la superficie, las campanas sonaron a rebato, y un manto de júbilo cobijó la noche. A medida que la operación avanzaba, aumentaron las luces, la gente, los vítores, el pisco, las canciones, los confetis y todo lo necesario para una gran celebración una vez Luis Urzúa, el líder, llegara a la superficie. Niños y padres en vela. No hubo clases, muchos no fueron a trabajar, y el alcalde Maglio Cicardini anunció su decisión de declarar a los 33 mineros  “Ciudadanos Honorarios de Copiapó”. Todos querían ver la llegada de la ambulancia al hospital, en cumplimiento del protocolo, y cuando aparecía, reventaban en cantos, llanto y aplauso.

Familiares de víctimas anteriores estaban presentes, y aunque sus seres queridos murieron hace 37 años, sintieron la misma alegría de todos. Rodolfo Villarroel, hijo de una de esas víctimas, expresó que ““El rescate de esta semana fue muy similar a como nosotros rescatamos a nuestros familiares. Ellos también estaban a 600 metros de profundidad, en una mina a cielo abierto. La única diferencia fue que no usamos una cápsula para levantar sus restos. Usamos un cubo para recoger los pocos huesos que quedaron”.

La infame “Caravana de la muerte” pasó por Copiapó el 17 de octubre de 1973, llevándose a 16 de sus hijos. Así que este domingo, mientras los mineros visitan el Campamento Esperanza para conocer como sus familiares vivieron la tragedia, estos otros familiares saldrán en una marcha desde la catedral de Copiapó hasta el cementerio. “Es nuestro deber histórico mantener viva la memoria de las víctimas, y deshonrar a los culpables de los crímenes”, declaró la fotógrafa Angélica Palleras a Simón Romero, del New York Times.

El pueblo se volcó a las calles

Si, la misma Copiapó que revienta de alegría desde hace tres días, ha tenido tiempos sombríos. Algunos, las frecuentes desgracias en las minas con su saldo imparable de muertos. Otros fueron causados por la dictadura militar de Pinochet. Pocas semanas después del golpe militar que acabó con el gobierno democrático de Salvador Allende, los militares asesinaron a 16 hombres en Copiapó, entre ellos varios mineros de la compañía estatal de Chile. El escuadrón militar, conocido como “La caravana de la muerte”, operó bajo el comando del Brigadier General Sergio Arellano Stark, y fue responsable de asesinar ese mes a más de 70 chilenos, sospechosos de ser activistas de izquierda. Utilizaban, entre otras armas, los trágicamente famosos cuchillos militares corvos. Haciendo uso de los poderes otorgados por Pinochet al amparo de la ley marcial, volaban de una ciudad a otra en helicópteros Puma y con la misión de inspeccionar, iban a las prisiones y asesinaban u ordenaban asesinar a los detenidos políticos, para luego arrojar los cadáveres en minas abandonadas, al norte del país.

En 1999, un juez chileno culpó por esas muertes al general Arellano y a otros oficiales, y más tarde hizo que se le retirara la inmunidad a Pinochet acusándolo por su conexión con los asesinatos. En el 2006, cuando el general murió, estaba librando una batalla legal para evadir su responsabilidad por sus crímenes y violaciones a los derechos humanos, incluidos los asesinatos de Copiapó.  esponsables de los asesinatos en 1973 no había respondido por sus crímenes. En 2008, un juez permitió que el general Arellano Stark, jubilado hace tiempo y ahora con 89 años, fuera transladado a un hospital, en lugar de permanecer en la cárcel pagando sus seis años de prisión, atendiendo al argumento expuesto por sus abogados de que tienen la enfermedad de Alzheimer.

Para los familiares de quienes murieron asesinados por la infame “Caravana de la muerte”, el rescate de los mineros les ha mostrado que tanto ha evolucionado el país desde 1990, cuando terminó la dictadura de Pinochet. Así lo dijo Angélica Palleras, de 56 años, fotógrafa, hermana de Alfonso Palleras, asesinado en Copiapó hace 37 años, agregando que “La experiencia con esos 33 mineros nos hizo revivir esos momentos. Encontrarlos a ellos con vida, y rescatarlos, fue como encontrar a mi hermano de nuevo”.

Similares son los sentimientos de Rodolfo Villarroel, 42, funcionario público en Copiapó, hijo de Agustín Villarroel, trabajador de las minas de sal encarcelado en la prisión de Tocopilla por su afiliación al partido comunista, sacado de la cárcel en la noche, montado en un camión con otros prisioneros políticos, asesinado por la Caravana, y luego arrojado a una mina abandonada. En el 1990, con el retorno de la democracia, el gobierno recuperó restos de algunas de las víctimas, entre ellos los restos de padre.

Pero no todos estan conformes. A los pocos días del desastre, cuando el presidente se hizo presente para atender las maniobras y su popularidad empezó a ascender, apareció un grafiti en una calle de Copiapó: “Marzo 11, 2010, la extrema derecha regresa a la escena del crimen”, aludiendo al día en que se posesionó Sebastián Piñera, un multimillonario de derecha que retorna al poder después del retiro del General Pinochet, hace 20 años.

Es que a pesar de la admiración que sienten los chilenos por la forma como el gobierno del señor Piñera condujo la tragedia de la mina, muchos resaltan que no todos los responsables de los asesinatos de 1973 han sido llamados a responder por sus crímenes, y temen que un gobierno de derecha como el suyo obstaculice los juicios que siguen en marcha. Por eso las reacciones frente al rescate se mezclan con los recuerdos de la masacre.

Copiapó, antes un lugar de tragedia, es ahora un lugar de esperanza. Solo queda que los mineros sigan insistiendo en un juicio de responsabilidades a la industria y a los dueños de la mina, para que situaciones como ésta no vuelvan a repetirse, como lo declaró Edison Peña a los medios. Al menos en Chile. Porque en Colombia ya sabemos como anda la locomotora y quienes son los maquinistas. Después de lo de Amagá, la mina se reabre, y en la mina La Esperanza, de Tasco, Boyacá, familiares y mineros sepultados siguen esperando una ayuda efectiva.

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